"4,32 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"
Opinión
La dimensión inclusiva de la Universidad
Dra. Nuria Illán Romeu (*)
30/04/2015
Irrenunciable e inaplazable. La universidad española ha de iniciar, de una vez por todas, el camino de su transformación para contribuir, desde el establecimiento de políticas activas y comprometidas, al efectivo cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD).
Así, se hace más que necesaria la puesta en marcha de medidas para conseguir hacer una universidad más inclusiva; debiendo desplazar su foco de atención, desde acciones puntuales e inconexas, hacia la elaboración de planes estratégicos que incluyan a todos los ámbitos y estamentos universitarios, pasando a formar parte, de forma natural y decidida, de las políticas universitarias.
Este organismo cimentador del tan cuestionado Estado del Bienestar, no sólo debe de entenderse como generador del saber; siendo ésta, evidentemente, una de sus funciones principales, sino como un espacio privilegiado de construcción de ciudadanía, convirtiéndose, así, en una fuerza principal de cambio y transformación social de primer orden.
Quienes estamos comprometidos con el desarrollo real y efectivo de la Convención, desde el conocimiento y el convencimiento, sabemos de las múltiples aristas de este noble empeño. Porque una universidad que incluye, no es sólo aquella que cuenta con la presencia de estudiantes en situación de discapacidad en sus aulas; la que elimina sus barreras arquitectónicas; aquella que facilita los ajustes necesarios para que estos alumnos puedan participar, en igualdad de condiciones que el resto de sus compañeros, en las actividades docentes, deportivas, culturales, etc.
Aun y siendo necesarias todas y cada una de estas acciones, tal y como se recoge en el articulado de la propia CDPD, no son suficientes. Ya no lo son, y más desde el momento en que dibujan un escenario perfectamente incompleto, el cual contribuye a perpetuar creencias erróneas, desde las que los procesos de inclusión se circunscriben, se limitan, a una sola dirección: dar respuesta a las necesidades y demandas de los estudiantes en situación de discapacidad.
El verdadero cambio, únicamente se hará realidad, desde el momento en que la propia Universidad, entendida en su sentido más amplio, se regenere desde adentro y hasta fuera, convirtiéndose así, no solo en un escenario educativo que incluye a todos, sino y, eso es lo más importante, en un escenario educativo que, al no excluir, promueve un cambio de cultura.
Para ello, no queda otro camino que una revisión profunda de los títulos universitarios que conduzca, por una parte, a la introducción de asignaturas relacionadas con las personas en situación de discapacidad, en todos y cada uno de los títulos y, por otra parte, a la revisión de las guías docentes de las distintas materias de cada título, no solo para dar respuesta a las necesidades de los alumnos en situación de discapacidad, sino para la inclusión de contenidos que logren completar la formación y contribuir a un ejercicio profesional competente y sensible a las demandas y necesidades de todos los ciudadanos.
Del mismo modo, se hace necesario trazar planes de formación dirigidos al profesorado universitario que contribuyan a hacer efectivos los requerimientos mencionados anteriormente, pero también dirigidos a su sensibilización para que, en la medida de lo posible, acometan dichos cambios desde el convencimiento y compromiso. Igualmente importante y necesaria resulta la puesta en marcha de acciones formativas dirigidas al personal de administración y servicios, así como campañas de sensibilización a lo largo de todo el proceso de cambio dirigidas a toda la comunidad universitaria.
Estaría bien que con la perspectiva que da el paso del tiempo, la institución universitaria pudiera haber contribuido a que, por ejemplo, un médico al atender a un paciente ciego lo mirara a él mientras le pasa consulta y no a su acompañante, o que al atender a un paciente con síndrome de Down le preguntara a él qué le pasa, cómo se siente y no a su acompañante. Que un arquitecto se negara a pasar por alto y a certificar una obra que no cumpliera con todos los normas de accesibilidad. Que un periodista no empleara la palabra enfermos al dirigirse a personas en situación d e discapacidad y un largo etc.
Esperemos que, a todo esto y más, podamos contribuir desde el ámbito universitario. Sabemos de iniciativas que ya se están produciendo en distintas universidades del país. La Universidad de Murcia, ya ha iniciado el camino.
(*) Prof. Facultad de Educación de la Universidad de Murcia
Directora del Centro de Estudios sobre Discapacidad y Promoción de la Autonomía Personal de la Universidad de Murcia